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Aborto legal: un paso adelante y otro atrás-Por Alejandra Waigandt

En la región latinoamericana y caribeña unas 10.000 mujeres mueren cada año por complicaciones de abortos inseguros y muchas de las que sobreviven a los 4 millones de procedimientos que se practican anualmente sufren lesiones, según datos de la OMS. Esta situación afecta especialmente a jóvenes y niñas de escasos recursos, que son las principales víctimas de las legislaciones que prohíben la interrupción voluntaria del embarazo. Muchas de esas normas fijan excepciones, pero la mayoría de las veces no se cumplen.
En Argentina el código penal permite el aborto cuando está en peligro la salud o vida de la madre o el embarazo es consecuencia de una violación o un abuso cometido contra una mujer idiota. Estas causales no requieren autorización judicial, pero a la hora de la práctica los y las efectores de la salud la solicitan y/o aducen razones de conciencia para negar la práctica.
Este es el primer paso del largo peregrinar que deben atravesar las jóvenes mujeres y sus familias en la judicialización de sus casos. Un caso emblemático fue el de LMR, la joven discapacitada que fue violada en 2006 y que tuvo que practicarse un aborto en el circuito clandestino porque no logró acceder al procedimiento en un hospital público. La familia de LMR contaba con el aval de la Corte Suprema de Justicia bonaerense, pero tampoco sirvió para que los y las efectores de la salud cumplieran con la legislación vigente. En mayo pasado, organizaciones de mujeres presentaron una demanda ante el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la ONU contra el Estado argentino “por la sucesión de violaciones de los derechos de LMR”. El organismo la preadmitió en noviembre y Argentina tiene hasta mayo de 2008 para confeccionar una respuesta. Luego el CDH estudiará si admite o rechaza el caso.
A la par, la flamante ministra de Salud Graciela Ocaña frenaba la distribución de la Guía Técnica para la Atención de los Abortos No Punibles, aprobada en diciembre por su antecesor Ginés González García, un instrumento que contribuiría a solucionar el problema de la judicialización. La funcionaria aseguraba en un reportaje que “el problema del aborto es un tema de política criminal”, exhibiendo el criterio que adoptó el gobierno en este tema, ya demostrado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al reunirse con los sectores más conservadores de la Iglesia Católica diez días después de su asunción.

Condenada
En Uruguay, una joven de 20 años fue procesada por el delito de aborto. Un médico la había denunciado luego de comprobarse la infección severa que sufría la joven por una práctica abortiva insegura en una clínica clandestina.
Este fallo provocó una importante movilización que derivó en una declaración pública de 9.000 personas donde reconocieron sus delitos de aborto, reabriéndose de esta manera el debate sobre su despenalización. La discusión se había cerrado dos años antes a instancias del presidente uruguayo, Tabaré Vásquez y sectores conservadores y de la iglesia católica. Poco después el Senado legalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación, como parte de un proyecto integral de salud sexual y reproductiva. La iniciativa debe ser sancionada por Diputados y luego recibir el veredicto del Ejecutivo uruguayo, cuyo líder ya anticipó que la vetaría.
Además de Uruguay, entre los países más prohibitivos están Chile, Paraguay, El Salvador, Honduras y República Dominicana.

Mueren las pobres
En Bolivia también está prohibido interrumpir el embarazo, aunque el código penal explica más exhaustivamente las excepciones en comparación con Argentina. Allí es posible abortar cuando la gestación es producto de una violación, incesto o cuando la vida de la madre corre peligro, pero para solicitarlo hay que presentar una autorización judicial. En la práctica ese trámite demora y los y las médicas recurren a la objeción de conciencia, de hecho proliferan los procedimientos inseguros: se realizan hasta 115 abortos clandestinos por día. El país tiene una de las dos tasas más altas de mortalidad materna por aborto después de Haití y las víctimas son mujeres pobres.
Durante 2007 sectores religiosos y conservadores presionaron para que una nueva Constitución agregue la defensa de la vida “desde el momento de la concepción”, pero la movilización de las organizaciones de mujeres y de derechos humanos llevó a la Asamblea Constituyente a rechazar la iniciativa.
En Venezuela el aborto es legal sólo cuando está en riesgo la vida de la madre. El movimiento de mujeres pelea para modificar el código penal y liberalizarlo también en casos de incesto, violación, daño fetal y peligro para la salud de la mujer. Pero la revolucionaria Asamblea Nacional no repara en esa demanda, presionada por argumentos éticos, religiosos y personales.
En Perú el aborto terapéutico no está penalizado. Igualmente es difícil ejercer ese derecho porque no hay mecanismos administrativos que lo efectivicen. Organizaciones de derechos humanos luchan para lograr un protocolo.

Un paso atrás
En Nicaragua, el poder legislativo penalizó el aborto terapéutico, eliminando así la excepción del código penal. Ahora ese procedimiento está completamente prohibido. Alianzas entre fuerzas políticas y sectores de la iglesia católica posibilitaron esa medida, que constituyó el más grave de los retrocesos en materia de derechos sexuales y reproductivos durante 2007.
En un informe reciente, Human Rights Watch señaló que la prohibición tuvo un impacto “devastador” porque produjo más muertes. “Las embarazadas sienten temor incluso de acudir a un centro de salud”, aseguró la organización internacional.
En este mismo sentido, el Congreso ecuatoriano frenó y archivó un proyecto de ley para eliminar el aborto terapéutico, permitido por el código penal.

Otros debates
En Brasil la legislación no es distinta de países como Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú, sin embargo las brasileñas tienen garantizado el acceso al aborto en los casos previstos por la ley: riesgo de vida de la mujer y embarazo resultado de una violación. El movimiento feminista y organizaciones de derechos humanos y la salud lograron que los hospitales públicos brinden el servicio en la década de los ’90. Más recientemente se agregó como causal de aborto impune la presencia de un feto anencefálico.
No obstante las agrupaciones que pelean por el derecho de las mujeres a una maternidad voluntaria alertaron que tras la visita en mayo del Papa Benedicto XVI se formó el Frente Parlamentario en Defensa de la Vida y contra el Aborto. Al igual que el Papa, esta agrupación apoya la propuesta de excomulgar a los y las legisladoras católicas que respalden la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
En Colombia en tanto, crece el debate sobre el aborto como un problema de salud pública y de derechos humanos. Fue habilitado en mayo de 2006 por una sentencia de la Corte Constitucional que lo legalizó en forma parcial. Desde entonces un embarazo puede ser interrumpido en casos de violación o inseminación artificial no consentida, cuando el feto tiene alguna malformación o cuando corre peligro la vida o la salud de la mujer. El Ministerio de la Protección Social reglamentó el procedimiento, pero aún hay instituciones que no lo garantizan.

Un paso adelante
En cuanto a los progresos, uno muy celebrado fue el obtenido por el Distrito Federal de México en abril. La Asamblea Constituyente modificó el código penal, despenalizando el aborto practicado durante las primeras 12 semanas de gestación. También sancionó la Ley de Salud del Distrito Federal, que obliga a las instituciones de la red de salud pública a atender solicitudes conforme a la ley. Hasta enero de este año, la red hospitalaria llevaba realizadas 5.257 interrupciones sin que se produjera ninguna muerte. En 2006, en cambio, se registraron unos 7.316 abortos, donde murieron 15 mujeres.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que en 2008 dará prioridad a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra dicha legislación. La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Louise Arbour, recomendó entonces su homologación, de modo que las mujeres puedan elegir libremente sobre su embarazo.
Los únicos países de América Latina y el Caribe que desde hace décadas permiten el aborto y donde se garantiza un acceso gratuito y seguro son: Barbados, Cuba y tres países de las Antillas francesas, Guayana Francesa, Guyana y Puerto Rico. También allí hay sectores conservadores que no cejan en su objetivo de retrasar los avances en materia de salud sexual y reproductiva.
Fuente : ARTEMISAnoticias- 15.1.2008 +

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