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Cuestiones de Género y Acceso al Sistema de Justicia - Elodia Almirón Prujel - I Foro Interamericano de Mujeres contra la Corrupción

Desde el punto de vista histórico, el antecedente del concepto actual de acceso a la justicia es la asistencia legal ligada a razones caritativas. Ya en 1495, bajo el reinado de Enrique VII, el Parlamento de Inglaterra aprobó una ley especial para garantizar el derecho a asistencia jurídica gratuita y eximir a las personas indigentes de los costos judiciales en procesos civiles ante los tribunales del Common Law. A fines del siglo XVIII, con la Revolución Francesa y la estadounidense, la asistencia legal comenzó a considerase un derecho político asociado a las ideas de igualdad ante la ley y la justicia. Posteriormente, esta idea fue evolucionando junto con la de bienestar social, en otros términos, con distribución de ingresos y servicios disponibles.
El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental en un sistema democrático que tenga por objeto garantizar los derechos de todas y todos por igual.
Cuando otros derechos son violados, constituye la vía para reclamar su cumplimiento ante los tribunales y garantizar la igualdad ante la ley.
En el Paraguay, la Constitución Nacional de 1992 no sólo consagra este derecho sino que otorga jerarquía cuasiconstitucional a los tratados internacionales de derechos humanos (artículo 142), es decir, consagra la primacía constitucional del derecho internacional sobre el derecho interno y del derecho internacional de los derechos humanos.
En ese sentido, se puede decir que se ha consagrado en la Constitución lo que Carlos Nino denominó concepción liberal-igualitaria , que encuentra su encaje en el Estado social, caracterizado por un compromiso activo del Estado con el bienestar de los ciudadanos. En este sistema los individuos no quedan abandonados a su propia suerte sino que, desde este punto de vista, además de crear el marco adecuado para el libre ejercicio de los derechos individuales y castigar todas las violaciones de esos derechos, el Estado está obligado a proveer a los titulares de los derechos las condiciones necesarias para su ejercicio y a obligar a los particulares a contribuir con tal provisión.
La Constitución del Paraguay, no sólo amplió los derechos y las garantías con la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos, sino que creó herramientas de acción para hacer efectivos esos derechos. Esas herramientas constituyen las garantías procesales, las garantías de igualdad y las garantías constitucionales, las cuales se encuentran a disposición del justiciable para su utilización en el caso de violentación de sus derechos individuales o colectivos.
El acceso a la justicia para ejercer los derechos y defender las libertades es el principal derecho –el más importante de los derechos humanos- en un sistema legal, moderno e igualitario, que tenga por objeto garantizar y no simplemente proclamar, los derechos de todas y todos. Los Estados tienen el deber de organizar el aparato gubernamental y todas las estructuras a través de las cuales, se manifiesta el ejercicio del poder público, para asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos para todos y todas. Si una persona pretende ejercer los derechos que las Convenciones le garantizan y, por su posición de género queda discriminada y colocada en condiciones de desigualdad ante la ley, como ocurre en la mayoría de las situaciones, es precisamente cuando la mujer es la justiciable, pues sus problemas son minimizados por el aparato institucional de administración de justicia, precisamente por la falta de visión de género y la mirada diferenciadas que se deben colocar en el tratamiento de cuestiones atingentes a la mujer.
El acceso a la justicia requiere de un sistema de garantías, que posibilite su pleno ejercicio, en igualdad de condiciones y sin discriminaciones.
Este derecho supone la obligación del Estado de crear las condiciones jurídicas y materiales que garanticen su vigencia en condiciones de igualdad. El Estado no sólo debe abstenerse de obstaculizar el goce y el ejercicio de acceder a la justicia, sino que debe adoptar acciones positivas y remover los obstáculos materiales que impiden su ejercicio efectivo.
Toda la regulación jurídica de los derechos humanos basada en el eje de género supone regular la protección de un ámbito en el cual no debería darse ninguna interferencia de autoridad pública. Sin embargo para superar las desigualdades e inequidades de género, se han adoptado múltiples normas internacionales en este sentido.
El derecho a la asistencia legal se ve frustrado por discriminación por condición económica cuando no se provee asistencia gratuita jurídica al/a acusad@ indigente. Así lo sostuvo la Corte IDH en la OC Nro. 11, al establecer que esa violación existe aun cuando se trate de un proceso no penal en el que la persona necesita representación legal y no puede acceder a ella por falta de recursos. La Corte entendió que, para garantizar la igualdad y la no discriminación por razones económicas, el Estado debe organizar todo el aparato gubernamental para asegurar jurídicamente el acceso a la justicia que contribuye al libre y pleno ejercicio de todos los derechos humanos. Así por ejemplo cuando estamos ante procesos de familia (divorcio, disolución de la comunidad conyugal, partición de bienes, etc.), la mujer es el sujeto de derecho que no encuentra una protección efectiva por parte del aparato estatal.
El acceso a la justicia en causas civiles fue también reconocido por la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso AIREY c/IRLANDA, en 1979. Una mujer irlandesa indigente demandó judicialmente la separación de su marido, y solicitó a la Corte que se le proveyera asistencia jurídica gratuita. Cuando este pedido fue rechazado por el máximo tribunal de justicia de Irlanda, la señora Airey recurrió a la Corte Europea de Derechos Humanos. La Corte Europea falló a favor de la señora Airey basándose en el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que establece que los litigantes de casos civiles tienen derecho a una “audiencia justa”: ello significa que los Estados tienen la obligación de proveer en forma activa y efectiva la asistencia de un/a abogad@ si sus ciudadan@s no pueden afrontar el costo.
Las normas constitucionales y legales de origen nacional y otras contenidas en tratados o convenciones internacionales acentúan la importancia de la jurisdicción como mecanismos de solución de conflictos y la asistencia legal como garantía de los derechos. Sin embargo, esta preocupación por las normas ha sido insuficiente para enfrentar el acceso a la administración de justicia.
El lenguaje de los derechos se convierte en engañoso si oscurece u oculta la diferencia entre el derecho reivindicado, el reconocido y el protegido. Si una persona pretende ejercer los derechos que la Constitución le garantiza y, por su posición económica, está imposibilitada de pagar la asistencia legal o cubrir los costos del proceso, queda discriminada y colocada en condiciones de desigualdad ante la ley.
Los componentes del sistema legal no se agotan en las leyes, las regulaciones de diverso rango o jerarquía, las instituciones y los procedimientos. Aspectos culturales y simbólicos constituyen otros importantes ingredientes del sistema legal: la cultura legal, la confianza en el sistema, lo que las personas piensan y sienten, orientan su conductas y actitudes en relación con la ley .
El acceso a la justicia supone la consideración de obligaciones que comprometen a los tres poderes: al Poder Judicial le corresponde administrar justicia, mientras que el Poder Ejecutivo y el Legislativo son responsables en el ámbito de su competencia, de dotar al Poder Judicial de los recursos necesarios para garantizar el acceso a la justicia y la resolución de los conditos en tiempo razonable y a un costo que no implique privación de justicia.
El acceso a la justicia, entonces, puede ser considerado desde varios aspectos diferentes aunque complementarios:
· el acceso propiamente dicho, es decir, la posibilidad de llegar al sistema judicial contando con la representación de un/a abogad@, hecho que resulta fundamental en el camino de convertir un problema en un reclamo de carácter jurídico;
· la disponibilidad de un buen servicio de justicia, es decir, que el sistema brinde la posibilidad de obtener un pronunciamiento judicial justo en un tiempo prudencial;
· la posibilidad de sostener el proceso completo, es decir, que las personas involucradas no se vean obligadas a abandonar una acción judicial a lo largo del proceso por razones ajenas a su voluntad. En este sentido, el sistema debería proveer los recursos e instrumentos necesarios para garantizar esta cobertura, en especial para los sectores y grupos en desventaja económica y social (mujeres que no pueden concurrir a los tribunales porque no tienen con quién dejar a sus niñ@s, las que concurren con ell@s a cuestas, las personas con trabajos precarios que pierden jornal por asistir al tribunal; las personas que tiene dificultades de traslado, sea por discapacidades y/o por razones económicas, etc.). Por lo tanto, cuando se plantea la gratuidad para garantizar el acceso a la justicia, no se hace referencia sólo al beneficio de litigar si gastos, sino también a contemplar los gastos de transporte y las pérdidas de jornales implicadas;
· el conocimiento de los derechos por parte de los ciudadan@s y de los medios para poder ejercer y hacer reconocer esos derechos y, específicamente, la conciencia del acceso a la justicia como un derecho y la consiguiente obligación del Estado de brindarlo y promoverlo en forma gratuita tanto para casos penales como civiles.
El acceso a la justicia tiene un doble significado: en un sentido amplio se entiende como garantía de la igualdad de oportunidades para acceder a las instituciones, los órganos o los poderes del Estado que generan, aplican o interpretan las leyes y regulan normativas de especial impacto en el bienestar social y económico. Es decir, igualdad en el acceso sin discriminación por razones económicas. Esto se vincula al bienestar económico, la distribución de ingresos, bienes y servicios, el cambio social, incluso a la participación en la vida cívica y política. Se relaciona por un lado con los derechos humanos y con los derechos económicos, sociales y culturales ya que el ejercicio de los derechos civiles y políticos requiere de un cierto nivel de vida decente (artículo 22, Declaración Universal de Derechos Humanos).
Por otro lado, el acceso a la justicia también incluye el conjunto de medidas que se adoptan para que las personas resuelvan sus conflictos y protejan sus derechos ante los tribunales de justicia.
Ambas perspectivas no son excluyentes. De ahí la necesidad de analizar el acceso a la justicia en el marco de la intervención social del Estado, es decir, del conjunto de las políticas públicas que afectan las condiciones de vida de la población y el orden social, como el gasto público, el sistema tributario, las políticas demográficas, de población y de familia.
Para las personas de escasos ingresos, las discriminadas por etnia o por género, l@s trabajador@s precarios e informales y l@s desocupad@s, entre otros, la posibilidad de conocer y comprender el ordenamiento jurídico que regula su vida cotidiana determinará en gran medida su ejercicio de la ciudadanía y las consecuencias de sus decisiones: podrán vivir como residentes legales o ilegales; accederán o no a los beneficios que se deriven de la ciudadanía; se respetarán o no sus derechos como consumidor@s, inquilin@s, padres, madres, etc.; recibirán un trato justo en situaciones de separación o divorcio o ante la determinación del régimen de alimentos o de tenencia de l@s hij@s.
El acceso a la justicia no se limita a los casos sometidos a resolución de los organismos de administración de justicia sino que comprende, por ejemplo, el control de las políticas del Estado realizado por organizaciones sociales, la actuación de las defensorías del pueblo y l@s defensor@s públicos que son funcionari@s de la Justicia.
La pluralidad de organismos de la sociedad civil dedicados a la promoción del acceso a la justicia presta importantes servicios de asistencia jurídica gratuita a los sectores de menores recursos.
Por su cercanía respecto de l@s potenciales usuari@s del sistema, la sociedad civil está ubicada en una posición privilegiada para desempeñar la importante función de reconocer las necesidades jurídicas de la población y de los grupos con necesidades específicas. Sus organizaciones tienen la posibilidad de difundir los derechos y facilitar el acceso a la justicia. Sin embargo, no debería perderse de vista que el Estado es el que debe garantizar el acceso a la justicia a través de políticas públicas eficaces que brinden asistencia jurídica gratuita y servicios sociales de apoyo.
Si bien existen servicios gratuitos de patrocinio y asistencia jurídica, éstos se encuentran organizados como una actividad de carácter asistencial. No se ha avanzado en el reconocimiento de este tipo de prestaciones como una actividad obligatoria emprendida o regulada por el Estado, que tienda a satisfacer los derechos de l@s ciudadan@s y que debería organizarse según la lógica de los demás servicios públicos, como educación o salud.
Caracterizar los servicios jurídicos gratuitos como un servicio público obliga no sólo a brindar información sino también a llevar adelantes las gestiones que el Estado –a través de l@s abogad@s- realiza en su propia representación para la tutela de sus intereses. A la información y el consentimiento propios de la relación entre abogad@s y clientes, se deberán sumar aquellas otras obligaciones que surgen de la relación entre prestadores y usuarios de un servicio público.
La complejidad del tema requiere del esfuerzo conjunto de las instancias estatales y no estatales. En los casos de demandas contra el Estado por incumplimiento de la ley y reclamo de prestaciones sociales, las universidades, los colegios de abogados, las asociaciones sociales, tienen un rol importante por desempeñar ya que sería incompatible realizarlas desde los servicios jurídicos estatales. La representación de intereses colectivos, tanto ante los tribunales como ante los órganos del Estado, municipios o instituciones privadas, aparece también como uno de los roles que puede y debe asumir la asistencia legal.
El derecho a acceder a la justicia ha dejado de tener un papel marginal en la agenda de los organismos internacionales y los de cooperación internacional pues éstos entienden que las reformas que se han llevado a cabo en América Latina no han conseguido de que los más pobres y vulnerables enfrentan obstáculos estructurales para acceder, en condiciones razonables, al sistema de justicia. Por ese motivo, tales organismos se están planteando fortalecer las políticas de acceso a la justicia para contribuir al combate de la pobreza y la inequidad.
La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará) son las normas más exhaustivas hasta ahora adoptadas en relación con la perspectiva de género.
La CEDAW tiende a concretar en términos materiales las igualdades formales que todos los tratados y las normas consuetudinarias en materia de derechos humanos tienen consagradas, favorece la adopción de medidas de acción afirmativa y generaliza criterios de distinción en igualdad. La segunda, por su parte, la normativa internacional más completa respecto de la violencia doméstica que tiene a la mujer como víctima.

LA DESIGUALDAD SOCIAL COMO OBSTÁCULO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA
Para acceder a la justicia se requieren, por lo menos, patrones económicos, sociales y educativos de clase media acomodada que frenen al empobrecimiento de la población; cada vez menos personas poseen tiempo y dinero suficientes para actuar judicialmente, aunque por su nivel educativo conozcan sus derechos.
El problema del acceso a la justicia no es sólo de los sectores marginales, sino de todos los que tienen recursos limitados, como ser la clase media, y entre ambos sectores socio-económicos, el sector que sufre una mayor discriminación es el sector que comprende a las mujeres de escasos recursos económicos o en estado de indigencia, y que además por su carencia de educación o de sus derechos, estos últimos se ven frecuentemente violentados o avasallados.
Los sectores de extrema pobreza se encuentran marginados del derecho y las instancias administrativas y judiciales, por ejemplo, del matrimonio, la inscripción de hij@s y los contratos en general.
Sin embargo la falta de acceso, tiene raíces más profundas que van más allá de lo económico; hay quienes no se acercan porque, además de las barreras económicas, no pueden identificar las posibilidades que les brinda el sistema judicial.
De hecho los obstáculos para el acceso a la justicia no son sólo de naturaleza económica, a ellos, se suman barreras de carácter más subjetivo, como la ininteligibilidad de los procesos judiciales y la percepción negativa que tiene la población del sistema judicial.
El actor principal, como garante de los derechos fundamentales y como aparato de gestión de la policía pública es y sigue siendo el Estado, para recuperar la confianza en el futuro y en las propias instituciones, es imprescindible romper con una concepción que hace que el Estado sea la propiedad de los ocupantes de turno, y del pueblo, como proclaman los valores inmanentes de nuestros Estados democráticos.

ACCESO A LA JUSTICIA Y CUESTIONES DE GÉNERO
En el Paraguay persisten prácticas discriminatorias en la administración de justicia y numerosos obstáculos para el acceso eficiente y eficaz a la justicia de las víctimas de violencia y de actos discriminatorios, entroncándose también las raíces bien profundas en el estado de corrupción reinante en nuestra institución de administración de justicia.
Las mujeres víctimas de violencia y discriminadas en los diversos aspectos de su vida cotidiana –en sus proceso civiles, administrativos, de familia, entre otros- que acuden a la justicia son revictimizadas al formular sus denuncias y reciben un trato discriminatorio, o son excluidas al no contar con recursos para solventar un/a abogad@ particular.
Entre los principales obstáculos para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia y de actos de discriminación, se señalan: el nivel de preparación de l@s operadores de justicia con relación al tema que nos ocupa, debido a las escasas oportunidades de capacitación sistemática y principalmente al poco interés demostrado en algunos casos, sobre todo considerando que las cuestiones donde se encuentran como justiciable la mujer, son consideradas cuestiones menores o de mínima importancia para el/a Juzgador@. A esto se suma la atención dilatoria a las víctimas de violencia, así como también la persistencia de fallos discriminatorios en los tribunales en los casos de mujeres víctimas de algún delito, que vulnera el derecho a una protección judicial efectiva.
Según el informe de la Relatora Especial de Violencia de las Naciones Unidas entre los factores que exacerban la falta de acceso de la mujer a la justicia se destacan: los prejuicios de las instituciones judiciales, legislativas y de mantenimiento del orden público; así como también la pobreza y la falta de autonomía económica de la mujer; el analfabetismo jurídico de la mujer; la exclusión de la vida pública y política de la mujer; el miedo y las inhibiciones que sufren las mujeres en sus demandas de justicia y la falta de grupos de promoción poderosos que apoyen las demandas de justicia de las mujeres.
Por último, es importante subrayar que la administración de justicia, en su carácter de custodio de la Constitución, requiere de operador@s de justicia que protejan los derechos humanos, garanticen la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanarán los obstáculos que la impidiesen e igualmente garanticen la igualdad ante las leyes, en los términos que dispone la Constitución Nacional.

ARTICULACIONES DE ESTRATEGIAS LEGALES Y DE INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
En muchos casos, las demandas de derechos que revisten una naturaleza social o política pueden reformularse, aun en un contexto procesal tradicional, en términos de violación individualizada y concreta de un derecho personal y con una víctima determinada. Sin embargo, incluso cuando el caso no tenga carácter colectivo, sí lo tendrá su impacto; de allí que también, en estos supuestos, la actuación judicial tiene el sentido de garantizar cierta vía de participación en la esfera política.
Podría señalarse que si la violación afecta a un grupo generalizado de personas, en la situación que el derecho procesal contemporáneo denomina de derechos o intereses individuales homogéneos, las numerosas decisiones judiciales individuales constituirán una señal de alerta a los poderes políticos acerca de una situación de incumplimiento generalizado de obligaciones en materias relevantes de política pública.
Es verdad que, ante acciones de reclamo colectivo de derechos civiles, políticos o sociales, sobre todo cuando se requiere del Estado la adopción de acciones positivas de gran escala o bien directamente la puesta en marcha de una política, la repuesta de la administración judicial puede asumir temperamentos muy diversos, lo que marcará el tono de su relación con las demás instancias estatales y, en definitiva, con los demás actores del proceso político.
En este sentido, algunas intervenciones pueden ser, por ejemplo, el desarrollo de un plan para descongestionar cárceles superpobladas; el establecimiento de un sistema para que voten l@s pres@s sin condena; la mejora de las condiciones de detención de enferm@s de VIH en ciertas cárceles; el suministro de medicamentos a familias con la mujer como cabeza del hogar, entre otras.
En principio, la actuación judicial puede consistir, por un lado, en la declaración de que la omisión estatal constituye una violación del derecho en cuestión, y luego en el emplazamiento al Estado a realizar la conducta debida.
En estos casos, corresponde al órgano judicial señalar a los poderes políticos del Estado el carácter de tal conducta -sea a partir del resultado concreto requerido-, sin consideración de los medios a emplear, por ejemplo, el acceso de parte de la población (mujeres cabezas de familia de escasos recursos económicos, fenómeno conocido como la feminización de la pobreza) a servicios médicos o la relocalización de personas desalojadas forzosamente, o bien, en caso de existir una única medida posible para obtener el resultado requerido, describiendo con precisión la acción de que debe adoptarse. En estos supuestos, la información pública disponible y la conducta previa del Estado, sus actos propios, revisten una enorme importancia, pues contribuyen a acotar la discusión sobre asuntos de política pública o de índole técnica –por ejemplo, acerca de las prioridades presupuestarias o la formulación, el diseño o la implementación de medidas de gobierno específicas-.
Es en este tipo de casos en los que los obstáculos para la acción judicial se observan con mayor claridad y el Poder Judicial suele actuar con mayor reticencia. No cabe duda de que la implementación de derechos mediante políticas públicas depende de actividades de planificación, previsión presupuestaria e implementación que, por naturaleza, corresponden a los poderes políticos, siendo limitados los casos en los que el Poder Judicial puede llevar a cabo la tarea de suplir la inactividad de aquéllos.
Sin embargo, aun en estos casos, los márgenes de actuación de la magistratura son variados y los tribunales han encontrado la manera de garantizar la vigencia de los derechos afectados, tomando como base de su intervención los estándares jurídicos fijados en las Constituciones y los Tratados de Derechos Humanos.
Se busca así la mejor manera de resguardar la órbita de acción de los demás poderes del Estado, a los que en ocasiones han reenviado la cuestión, luego de fijar su marco jurídico para que definan la medida o política pública necesaria para que repare la violación de los derechos en juego. El núcleo de la discusión en estos supuestos, se traslada con frecuencia al problema de la extensión del remedio concreto que dispondrá el tribunal. En tal sentido, incluso cuando el tribunal entienda que se han violado derechos y justifique su intervención en el caso, procura administrar con cuidado la intensidad de esa intervención, graduando el alcance de las medidas que obligará a adoptar a las instancias políticas.
La intervención judicial en el campo de las políticas públicas, en aras de preservar su legitimidad, debe estar firmemente asentada sobre un estándar jurídico.
La regla de juicio, sobre cuya base interviene el Poder Judicial, no puede ser otra que un criterio de análisis de la medida en cuestión que surja de una norma constitucional o legal: por ejemplo, los estándares de razonabilidad, adecuación o igualdad, o el análisis de contenidos mínimos que pueden venir dados pro las propias normas que fijan derechos.
Por ello, el Poder Judicial no tiene la tarea de diseñar políticas públicas, sino la de confrontar el diseño de políticas asumidas con los estándares jurídicos aplicables y –en caso de hallar divergencias- reenviar la cuestión a los poderes pertinentes para que reaccionen en consecuencia ajustando su actividad, pero que en un estado caótico de corrupción y manejo errado de los fondos presupuestarios, resulta absolutamente imposible cumplir con tales estándares.
Cuando las normas constitucionales o legales fijen pautas para el diseño de políticas públicas de las que depende la vigencia de los derechos civiles, políticos, sociales, y los poderes respectivos no hayan adoptado ninguna medida, corresponderá al Poder Judicial reprochar esta omisión y reenviarles la cuestión para que elaboren alguna medida.
Esta dimensión de la actuación judicial puede ser conceptualizada como la participación en un diálogo entre los distintos poderes del Estado para la concreción del programa jurídico-político establecido por la Constitución y por los pactos de derechos humanos.
Sólo en circunstancias excepciones, cuando la magnitud de la violación o la falta completa de colaboración de los poderes políticos lo ha justificado, los jueces avanzaron en la determinación concreta de las medidas a adoptar a partir de su propio criterio .
Pueden trazarse algunas líneas tentativas para caracterizar situaciones tipo en la que el Poder Judicial ha asumido la tarea de verificar el cumplimiento de estándares jurídicos en el diseño y la ejecución de políticas públicas.
Por lo general, los tribunales reconocen a los demás poderes un amplio margen para diseñar políticas públicas, de modo que los sustituyen en la elección de los lineamientos que se ajustan a los estándares jurídicos aplicables.
Una orden judicial de contenido general puede imponer al Estado demandado algunas cargas que deben ser cumplidas en determinado tiempo. Si la respuesta es adecuada, el tribunal puede precisar esa instrucción general o readecuar las cargas en función de cómo se evalúen ciertas circunstancias sobrevivientes.

ALGUNAS RECOMENDACIONES
El Estado, a través de sus tres poderes y contando con el valioso aporte de la sociedad civil en la materia, debería asumir un verdadero liderazgo en el sentido de organizar los recursos públicos y privados existentes en una única red que trabaje sistemáticamente y en forma articulada en su lucha contra la corrupción y que afecta inexorablemente al acceso a la justicia y que tiene relación con el acceso a las mujeres pobres e indigentes a la justicia como derecho humano.
Se deberían también desarrollar políticas sociales específicas, destinadas a fortalecer a las mujeres en su autonomía para que el acceso a la justicia sea efectivo. En este sentido, habría que, por un lado, brindar apoyo económico para que puedan sostenerse a lo largo de los procesos judiciales.
Resulta indudable que l@s operador@s del derecho tienen un papel estratégico por desempeñar en el logro de un mayor acceso a la justicia de los sectores de menores recursos.
La opacidad y la ininteligibilidad de los procesos judiciales constituyen serios obstáculos para el acceso a la justicia; la simplificación de los procesos judiciales podría contribuir a mejorar el acceso a la justicia de quienes por su condición social carecen de la información y el conocimiento necesarios.
El Estado debe involucrarse con los aspectos comunicacionales del acceso a la justicia, organizando campañas tendientes a mejorar el conocimiento de l@s ciudadan@s acerca de sus derechos, incluyendo el derecho de acceder a la justicia, y los mecanismos de denuncia en casos de corrupción.
Considerando además la imagen negativa que la ciudadanía tiene del sistema de justicia y el desconocimiento ciudadano acerca de su funcionamiento, sería oportuno que las campañas dieran a conocer cómo funciona el sistema, cuáles son los pasos a seguir cuando se tiene un problema jurídico. El sistema educativo en todos sus niveles desempeñaría un papel estratégico al infundir una cultura de derechos.
La noción misma de acceso a la justicia tiene contornos difusos. Al amparo de ese concepto, se pueden discutir acciones, estrategias, métodos, procedimientos e instituciones para mejorar el acceso a la justicia de aquellos sectores de la comunidad que, por diversos motivos, aún no lo tengan garantizado. Entre ellos, la creación de un servicio público a cargo del Estado, la educación de la población con respecto a los derechos que la ley reconoce a l@s ciudadan@s, la concienciación de la sociedad acerca de la existencia de derechos y las formas de protegerlos o hacerlos efectivos, la responsabilidad social de la corporación de abogad@s que generalmente tiene el monopolio del acceso a los procesos judiciales, los métodos para sobrellevar obstáculos y dificultades propios de ciertos grupos mediante la creación de organismos especializados, la manera de sortear obstáculos geográficos y la reforma del Poder Judicial y las normas que reglan aspectos de procedimiento en los procesos judiciales.
El problema de acceso a la justicia, entonces, no puede entenderse sino en función de una multiplicidad de factores, y atendiendo las necesidades e intereses de una gran variedad de actores involucrados.

Elodia Almirón Prujel
- ABOGADA. 1993. FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES (U.N.A.)
- JUEZA DE JUSTICIA LETRADA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL QUINTO TURNO (2001 a la fecha)
- ESPECIALISTA EN DIDACTICA UNIVERSITARIA. 1995. Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción
- ESPECIALISTA EN METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA. 1998. Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción
- Egresada de la promoción 2000, de la UNIVERSIDAD CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION en la MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
- Egresada, promoción 2001, de la ESCUELA JUDICIAL
- PROFESORA ADJUNTA POR CONCURSO DE MÉRITOS (CATEDRA DE DERECHOS HUMANOS- FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES- UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION)
- CURSO DE ESPECIALIZACION EN DERECHO CONSTITUCIONAL (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA-ESPAÑA)
- CURSOS DE ESPECIALIZACION EN DERECHOS HUMANOS (COSTA RICA, CHILE, ALEMANIA, FRANCIA)
- ARTICULOS ESPECIALIZADOS EN DERECHOS HUMANOS PUBLICADOS en revistas NACIONALES Y EXTRANJERAS
- PUBLICACIONES: Constitución Nacional y Derechos Humanos (CIPAE 1997), Instrumentos Internacionales para la protección de Derechos Humanos en co-autoría con Rodolfo Aseretto (CIPAE, 2002). Instrumentos Internacionales para la protección de Derechos Humanos y Constitución Nacional en co-autoría con Rodolfo Aseretto (CIPAE, 2003). Derechos Humanos y Constitucional Nacional, Intercontinental Editora, 2004. Derechos de la Mujer, Sistema Positivo Nacional, 2008.

Ponencia presentada en el marco del I Foro Interamericano de Mujeres contra la Corrupción organizado por la Fundación Mujeres en Igualdad, que se llevó a cabo entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 2008 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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