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Los derechos sexuales y reproductivos - Clori Yelicic – Legisladora Cdad. (m.c.) - I Foro Interamericano de Mujeres contra la Corrupción

En Argentina, en los últimos tiempos, se produjo un avance significativo, desde el punto de vista normativo, en relación al acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, al aprobarse tres leyes fundamentales: la que crea el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable; la que incorpora a la anterior ligadura de Trompas y Vasectomía y la que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
Los poderes públicos fueron dotados de herramientas indiscutibles para implementar políticas públicas que, adecuadamente aplicadas, posibilitarían que todas las personas puedan alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable.
Los derechos sexuales y reproductivos, son parte inescindible de los derechos humanos básicos de las mujeres establecidos en las Convenciones y Tratados internacionales con rango constitucional; y en los distintos compromisos contraídos por el país.
Sin embargo estamos muy lejos en nuestro país que las mujeres y las parejas ejerzan el efectivo goce de estos derechos. La mortalidad materna es la evidencia más trágica de esta problemática de salud
Más de una mujer muere por día en nuestro país por la reproducción, en general son pobres, con bajo nivel educativo y olvidadas por la sociedad. El 30% de esas muertes tienen por causa el aborto.
No hay una aplicación sistemática, monitoreada y evaluada de las y políticas y acciones establecidas en las normas.

Hoy no llegan los métodos anticonceptivos que debe proveer el ministerio; a la ligadura de trompas y vasectomía prácticamente no se accede si no hay denuncias y acciones específicas. En relación al aborto no punible no hay acceso si no es por vía judicial. El acceso a un DIU, es retaceado, pero si se paga en el sector privado de la salud, se soluciona inmediatamente. No se habla de aborto pero ¿dónde se hacen los alrededor de 500.000 abortos que se realizan en nuestro país en el año? Cuándo los distintos insumos no llegan en tiempo y forma a todas y cada una de las personas, cuántos ganan y quiénes hacen negocios con las ineficientes políticas o acciones públicas? ¿Cuántos hacen el juego, voluntaria o involuntariamente al comercio de la salud?

El acceso efectivo a los derechos sexuales y reproductivos requiere un abordaje integral en todos los planos, incluido la ética y la batalla contra la corrupción en todos los ámbitos y niveles.
Sólo construiremos una sociedad más democrática y solidaria cuando se respeten los, derechos humanos de todas y todos.

Clori Yelicic –Legisladora Cdad. (m.c.)
Bs. As. 30 de Mayo de 2008

Clori Yelicic, Sec,Nacional de la Mujer del Partido Socialista, legisladora de la Ciudad de Bs. As, (m.c.) y Convencional Constituyente de la Ciudad en 1996. Delegada por su partido ante la Internacional Socialista de Mujeres.
Se desempeñó incansablemente en defensa de los derechos de la mujer en todas las áreas en las que ha participado, integró el Nucleamiento de Mujeres Políticas, que en la época de la dictadura trabajaron por la defensa de los derechos humanos, la democracia y los derechos de las mujeres. En sus cargos de Concejal, Convencional Constituyente y Diputada por la Ciudad de Buenos Aires defendió siempre el derecho a la igualdad y a la no discriminación de la mujer. Hoy es una de las principales luchadoras por la despenalización del aborto y la búsqueda de paridad entre mujeres y varones en todos los ámbitos de decisión, en el marco de los principios del socialismo que guían la lucha por una sociedad con más igualdad, solidaridad y por la paz.

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
En los últimos años se ha producido desde el punto de vista normativo un sustancial avance en la sanción de leyes relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos. El Parlamento Nacional se colocó a la altura de las necesidades para dotar a los poderes públicos de herramientas que explicitan la obligatoriedad de instrumentar políticas públicas para el efectivo cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas, fundamentalmente de los derechos sexuales y reproductivos.
Sin lugar a dudas, esta agenda parlamentaria constituyó una respuesta coherente a la larga lucha de las mujeres, que desde los distintos ámbitos , sectores y organizaciones no gubernamentales comenzaron a tejer fuertes alianzas con las legisladoras, cuyo incremento a partir de la ley de cupo permitió el cambio y la transformación de la agenda. El fuerte impulso dado por la incorporación a la Constitución Nacional de tratados y convenciones internacionales de derechos humanos, como así también los compromisos contraídos por el país en la Conferencias Mundiales de Naciones Unidas sobre Población en 1994 y sobre la Mujer en 1995, posibilitaron instalar el debate público de temas largamente postergados y ocultados.
La sanción de las leyes sobre el programa de salud sexual y procreación responsable, ligadura de trompas y vasectomía, educación sexual, derechos de los padres en el proceso de nacimiento de los hijos, entre otras constituyen posibilidades ciertas de avanzar en los derechos de las personas a tener una vida sexual satisfactoria y segura, a gozar de plena capacidad de reproducirse y de libertad para decidir cuándo y cuán a menudo hacerlo y a tener acceso a servicios de salud de calidad. Asimismo, contribuir a disminuir la morbimortalidad materna e infantil; prevenir los embarazos no deseados y los consecuentes abortos inseguros. La sanción del Protocolo Facultativo de la CEDAW constituye otra herramienta fundamental para la exigibilidad de estos derechos otorgando la posibilidad de reclamar en el orden internacional ante el incumplimiento del Estado.
A pesar de las abundantes normativas nacionales, provinciales y locales en la materia; de programas implementados desde el ejecutivo nacional como el de Salud Sexual y Procreación Responsable, con los respectivos convenios y/o compromisos con las distintas jurisdicciones, comprobamos que cientos de mujeres a lo largo y ancho del país, ven violados sus derechos humanos al no tener acceso a los derechos sexuales y reproductivos, generándose además un grave problema de salud pública.
La punta del iceberg lo constituye la mortalidad materna y es la evidencia más trágica de esta problemática de salud. Hoy tenemos un dato alarmante: las estadísticas oficiales nos muestran que la tasa de mortalidad materna se elevó de 3,9 x10.000n.v. en 2005 a 4,8 x10.000n.v. en 2006.
Esto significa que en 2006 han muerto 346 mujeres por causa de la maternidad. Causas que en su gran mayoría, se considera que alrededor de un 80% o más , podrían haberse evitado. Si consideramos el subregistro de al menos el 10%, llegamos a la vergonzosa conclusión de que más de una mujer muere por día en nuestro país por esta causa. Además el 30 % de esas muertes tienen como causa el aborto inseguro.
Si observamos esta tasa por provincias la preocupación es aún mayor: provincias que cuadruplican el promedio como Jujuy (16.5); triplican: Chaco (12.6), Misiones (12.5); duplican Formosa (10,7), La Rioja (9,6), las menos, son las jurisdicciones con tasas aceptables: Ciudad de Bs. As., Río Negro y Neuquén con el 1, 8.
Pero además es necesario ver la evolución de estas en los últimos 6 años y del año 1993, mortalidad materna (x10.000n.v.) y mortalidad infantil (x1.000n.v.):

Año Mortalidad Materna Mortalidad Infantil

1993 4,6 22,9
2001 4,3 16,3
2002 4,6 16,8
2003 4,4 16,5
2004 4,0 14,4
2005 3,9 13,3
2006 4,8 12,9

Estas cifras nos indican que hay un claro retroceso en la tasa de mortalidad infantil, al comparar el último período con el año 1993, aunque sigue siendo alta y si miramos por provincias vamos a ver las enormes desigualdades que tienen nuestros niños de vivir o enfermarse y morir, según donde nacieron. Pero no nos detendremos aquí en este tópico, que también tiene relación directa, sobre todo la mortalidad perinatal, con la salud y condiciones de vida de la madre. En este mismo período de tiempo la tasa de mortalidad materna se ha mantenido estable con oscilaciones alrededor del 4 x10.000n.v.
Prácticamente triplicamos las tasas que tienen nuestros países vecinos, Uruguay 1,8 y Chile 1,6. Bien señalan expertos y estudios en la materia como el CEDES , si no se buscan otras estrategias será imposible que en el 2015 tengamos una tasa de 1,3 x 10.000 nacidos vivos, que es la Meta del Milenio a la que se comprometió nuestro país.
Para agregar otra preocupación a las ya existentes, en el pasado mes de julio un funcionario del Ministerio de Salud de la Nación informó que se esperaba para el 2007 un nuevo aumento de la mortalidad materna, que se podría analizar con las cifras que se darían a conocer en el mes de octubre; que el aumento se estaba verificando en las provincias de Buenos Aires, Jujuy, Santiago del Estero y Mendoza; y pronosticó que la mortalidad infantil acompañará ese ascenso
Existe información de la falta de acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las personas a través de diversos ámbitos y por la conjunción de muchos factores que se suman para agravar esta problemática sanitaria y social que debe tener una respuesta eficiente, eficaz, integral y continua en el tiempo para lograr revertirla.
Desde fines del 2007 las áreas específicas de los ejecutivos provinciales y locales manifiestan la falta de provisión desde el Programa Nacional de métodos anticonceptivos. Ante esta situación algunas provincias o municipios han salido ha comprar insumos ante la emergencia, pero otras tantas, por falta de presupuesto, por negligencia o por falta de decisión política no proveen a las pacientes de los métodos anticonceptivos. Existen áreas, donde ante la falta de anticonceptivos debieron promover la utilización del DIU, porque era el único anticonceptivo que poseían. Doble violación de derechos, por un lado la no libertad de las mujeres de poder decidir qué método utilizar , y por otra parte no garantizar el derecho a la salud de las mujeres, ya que pueden verse obligadas al uso de un método que puede no ser el recomendado para ellas. Pero al mismo tiempo en otros lugares existe subutilización de algunos métodos.
En junio de 2008 el Conders, (Consorcio Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos) dio a conocer un informe, producto del monitoreo social que realiza en relación al efectivo cumplimiento de estos derechos, y allí señalan que alrededor de un millón de mujeres de hogares pobres que dependen de los servicios de salud públicos y de las obras sociales para poder ejercer su derecho a decidir, no están recibiendo desde diciembre del año pasado los anticonceptivos orales de distribución gratuita, ni aquellos que suelen recetarse en el puerperio (anticonceptivos de lactancia). Si bien hay municipios que compraron los medicamentos con presupuesto propio y algunos hospitales públicos que acopiaron anticonceptivos y abastecieron a las pacientes con esos excedentes, la distribución de los anticonceptivos es responsabilidad del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación (PNSSyPR). Según el monitoreo que realizan los grupos que conforman dicho Consorcio en diciembre pasado —con excepción de los preservativos y los DIU— hubo serias irregularidades en la entrega de los anticonceptivos. En marzo, se recuperó la distribución de los anticonceptivos inyectables y de la "píldora del día después", pero siguió faltando los anticonceptivos orales además de folletería y un protocolo de atención pre y post aborto para los casos que permite la ley.
También señalan en el informe que “…el 28 de Mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, se planteó en todos los ámbitos el reconocimiento del PNSSyPR como aporte a la salud de las mujeres; que por ello la falta de métodos anticonceptivos en todo el país es preocupante, ya que así como afecta directamente la salud de las mujeres, atenta contra la confianza de la población en este programa. Es grave que todavía no todos los centros de salud tengan la cantidad necesaria de métodos y que en muchos casos algunos métodos no se usen o sean subutilizados, como suele ocurrir con los dispositivos intrauterinos no promovidos por la decisión de personal de salud que no los acepta, o que sólo los indican a mujeres con gran número de hijos…Otro método subutilizado es la anticoncepción hormonal de emergencia…que tiene precisas indicaciones. En muchas oportunidades este método no es utilizado por las mujeres y jóvenes porque desconocen su existencia o su disponibilidad. Otras veces los profesionales de la salud no la indican por no conocer bien su mecanismo de funcionamiento, por miedo a las presiones de los sectores conservadores, o por creencias personales. Todavía el gobierno, tanto el nacional como los provinciales, están en deuda respecto a difundir el programa y permitir que todas las personas conozcan tanto sus derechos como el hecho de que el Estado debe garantizarles la plena vigencia de los mismos. La capacitación del personal de salud sobre los derechos sexuales y reproductivos, así como en el Programa Nacional de SSyPR, es otra tarea que el gobierno también debe encarar y sostener en el tiempo.”
También en el pasado mes de junio La Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y la asociación Gestos (Brasil) presentaron un informe en la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre VIH-SIDA para la región sur. El estudio consigna que desde el año 2004 en adelante el grupo femenino más afectado por el SIDA es el de 15 a 24 años y señala como principal vía de contagio a las relaciones sexuales sin protección.
En el rango de 13 a 19 años el predominio de los nuevos casos “es aún mayor” en las mujeres que en los varones. “No se trata sólo de tener disponibilidad de preservativos, sino también de brindarles a las mujeres jóvenes un servicio de salud sexual y reproductiva adecuado, y mejorar el nivel de educación general de las más chiquitas”.
En suma de la información existente se observan grandes deficiencias en todo lo relacionado a la información, orientación y prestaciones de servicios referidas a la salud sexual y procreación responsable, en los niveles provinciales y locales. Y al mismo tiempo que están muy lejos de cumplirse las obligaciones de los niveles nacionales , estipulados en la ley 25.673, sobre la capacitación de educadores, trabajadores sociales y demás operadores comunitarios, tanto para mejorar la atención de la demanda como para contribuir a la actualización de conocimientos básicos , sobre salud sexual y procreación responsable, en la comunidad educativa. Las Consejerías, indicadas por el Ministerio de Salud, pensadas como espacios de reflexión y acción en la comunidad han sido muy poco desarrolladas. Estas serias debilidades constituyen verdaderos obstáculos para detectar las conductas de riesgo, brindar contención a los grupos más vulnerables y prevenir además del embarazo no deseado, las enfermedades de transmisión sexual, VIH/sida y cáncer genital y mamario como está propuesto en la citada ley.
Existen muchas obras sociales y de medicina prepaga que no realizan la colocación del DIU y en relación a las píldoras anticonceptivas, a veces la no facilidad en el acceso hace que las mujeres resuelvan por otra vía su adquisición.
La información existente es contundente: la obligación establecida en la ley que la autoridad de aplicación debe realizar la implementación, seguimiento y evaluación del programa no se cumple; por lo cual si esta situación no se revierte nos alejaremos cada vez más de la meta que las personas en general y las mujeres en particular puedan ejercer sus derechos, que, desde el 2002, están explicitados y garantizados por ley; por todos los tratados de rango constitucional y por los diversos compromisos asumidos por el país.
Cabe preguntarnos cuáles y cuántos factores influyen para configurar esta realidad.
Es necesario avanzar en la conciencia colectiva sobre esta problemática por todos los medios y mecanismos posible como son las actividades de este Foro. Desde las organizaciones no gubernamentales, desde la sociedad civil se debe jugar un fuerte papel de monitoreo social que se traduzcan en reclamos y exigencias a las/los responsables en todos los niveles para que los derechos se cumplan, para que las leyes y las normativas se cumplan. Todos los avances han sido peleados y ganados por un accionar colectivo, no para queden impresos en los libros sino para que la gente viva mejor, para que haya más igualdad y equidad sobre todo para los que menos tienen, en especial para las mujeres pobres que son las verdaderas víctimas de esta situación.
Muchos aspectos que configuran verdaderos obstáculos para efectivizar derechos fueron planteados anteriormente, pero existen otros que debemos analizar y que tienen que ver con el tema de este FORO que es la corrupción. Cuando falta ética y no se cumple eficazmente la función pública, se abren las posibilidades, los canales para que se comercie con las salud de las personas y las consecuencias de las “irregularidades” siempre las pagan quienes menos tienen; en estos casos especialmente las mujeres que están menos informadas, aquellas que poseen un menor nivel educacional, y un menor capital cultural y social para exigir el cumplimiento de sus derechos.
Nos preguntamos cuántos de estos factores influyen y determinan que no lleguen los métodos anticonceptivos a todas y cada una de las mujeres y las parejas, ¿qué sucede en toda la cadena de responsabilidades? El Ministerio de Salud de la Nación que debe efectuar las provisiones a todas las jurisdicciones: ¿cuáles son los problemas y obstáculos por el cual no compra dichos insumos en tiempo y forma? En otras oportunidades el Ministerio realizó la distribución a las provincias, sin embargo se detectó tiempo después que no fueron distribuidos y no llegaban a las usuarias. ¿Cómo se explica todo esto si cuando se paga, no existe ninguna limitación para el acceso a cualquier método? Pareciera que cuando hay efectivo para solventar gastos se terminan los obstáculos ideológicos o de creencias. Es esta una arista muy fuerte para trabajar y atacar, ya que esto lesiona profundamente la equidad y la igualdad. Son muy importantes estas jornadas para crear conciencia y encontrar estrategias para combatir estas situaciones que suman más elementos para impedir el efectivo cumplimiento de derechos.
El acceso a la ligadura de trompas y vasectomía en el sistema público de salud constituye en la mayoría de las provincias, una barrera casi infranqueable; sólo las mujeres que conocen sus derechos suelen pedir ayuda a organizaciones no gubernamentales para acceder a esta práctica. No se visualiza la capacitación sistemática y permanente de los equipos de salud en esta materia y las Consejerías indicadas por el Ministerio de salud tienen un desarrollo muy desigual en el país y en algunos casos prácticamente no se ha hecho nada en la materia. En relación al parto humanizado, derechos de los padres y de los hijos en el proceso de nacimiento, en muchos lugares del país existen trabas muy fuertes desde los profesionales de la salud para cambiar anacrónicas costumbres que se suman a las insuficiencias de infraestructura.
Continuamente ocurren situaciones de mujeres con embarazos enmarcados en los casos de aborto permitidos por el Código Penal (Art. 86, inc.1 y 2) y que sin embargo inician un azaroso camino para lograr la interrupción del mismo, que la mayoría de las veces resulta inaccesible para las mujeres de menores recursos. Es habitual que sean derivadas al ámbito de la justicia con diversos resultados y muchas veces aún con resultados favorables todavía les queda encontrar un hospital público que lo realice con la congoja del paso del tiempo que produce demoras irreversibles.
Constituyen violaciones a los derechos humanos básicos los casos de muchas mujeres que no han recibido atención oportuna, y más aún aquellos donde existía peligro para la vida o la salud de la mujer grávida, que terminaron de la más vergonzante manera, lisa y llanamente con la vida de la mujer, como es el caso de Ana María Acevedo de Santa Fe. Otro caso que tomó estado público es el de LMR, una joven de Guernica con discapacidad mental y violada que no pudo acceder a la interrupción del embarazo en el sistema sanitario público a pesar de contar con un fallo favorable de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
Es auspiciosa en este sentido la apertura del debate iniciado en la Cámara de Diputados de la Nación en este tema y el dictamen de la Comisión de Salud que fija el procedimiento para llevar adelante el aborto no punible, dando una solución concreta a las situaciones planteadas anteriormente.
En relación al aborto no se habla, pero sin embargo cabe preguntarse ¿dónde se hacen los alrededor de 500.000 abortos que se realizan en nuestro país en el año?
Es alentador que el pasado 28 de Mayo se presentó en el Parlamento Nacional el Proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito, con más de 20 firmas de diputadas y diputados de diversos bloques políticos, que abre la posibilidad cierta de iniciar un debate amplio en el ámbito legislativo nacional. Este proyecto fue elaborado con la participación de más de 200 organizaciones, grupos y personalidades vinculadas al movimiento de mujeres. En sus fundamentos expresan la necesidad de cambiar las leyes que están atrás de la sociedad sobre la base que el derecho es una construcción social; y que
Despenalizar y legalizar el aborto es reconocer que no hay una única manera válida de enfrentar el dilema ético que supone un embarazo no deseado. Es reconocer la dignidad, la plena autoridad, la capacidad y el derecho de las mujeres para resolver estos dilemas y dirigir sus vidas, es aceptar que el derecho a decidir sobre el propio cuerpo es un derecho personalísimo ya que éste es el primer territorio de ciudadanía de todo ser humano.
Pero volvamos a preguntarnos frente a toda esta realidad: ¿Cuándo no hay acceso a la interrupción de un embarazo permitido por la ley, cuándo mueren cientos de mujeres por causa de abortos inseguros, pero quienes tienen medios económicos encuentran lugares que no ponen en riesgo sus vidas, cuándo no llega la información, los métodos anticonceptivos y prestaciones de salud en tiempo y forma a todas y cada una de las personas, cuántas vidas se pierden, cuánto se pierde en términos de calidad de vida, de salud, de prevención de diversas enfermedades? Pero, al mismo tiempo ¿cuántos ganan o hacen negocios con las ineficientes políticas o acciones públicas? ¿Cuántos hacen el juego, voluntaria o involuntariamente al comercio de la salud?
La legislación existente y las políticas en esta materia dejaron atrás el silencio e instaló la perspectiva de género y derechos. Debemos profundizar en este camino y en la agenda pendiente.
El programa de Salud Sexual y Procreación Responsable (ley 25.673) conforma el primer programa de carácter nacional de salud reproductiva y constituye sin duda una de las más importantes políticas de salud actuales y de alguna forma viene a dar cohesión nacional a los programas locales. Es necesario señalar que los programas locales que se desarrollaron antes que el nacional, en la mayoría de los casos se dieron por el fuerte impulso y monitoreo de la sociedad civil a través de las organizaciones no gubernamentales dedicadas al tema.
El concepto de “salud sexual y reproductiva” es muy reciente. La Conferencia de El Cairo (1994) y posteriormente la Conferencia Mundial sobre Mujer de Beijing en 1995 acuñaron un concepto, una definición que permite separar entre la relacionada con la reproducción y la vinculada a la vida sexual.
Entre los 15 principios formulados en El Cairo, se destaca el 4°: “El avance en la igualdad de género, la equidad y el empoderamiento de las mujeres, la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, y asegurar las capacidades de las mujeres de controlar su fecundidad, son los pilares de los programas de población relacionados con el desarrollo”, en oposición a los enfoques demográficos anteriores.
“Salud sexual y reproductiva es tener relaciones sexuales gratificantes y enriquecedoras, sin coerción y sin temor de infección, ni de un embarazo no deseado, poder regular la fertilidad sin riesgo de efectos secundarios desagradables o peligrosos; tener un embarazo y parto seguros y criar niños saludables” es la definición que toma el Ministerio de Salud de la Nación en la Guía para el uso de métodos anticonceptivos.
En el mismo sentido desarrolla que: la sexualidad y la reproducción constituyen dimensiones básicas del desarrollo de cada persona, hombre o mujer, y por lo tanto de la salud individual. Es por eso que el derecho a la salud constituye un derecho humano esencial, y los derechos sexuales y reproductivos se reconocen como parte integral de los derechos humanos.
La “Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, incorporada en la constitución Nacional, junto a las otras convenciones y tratados de derechos humanos en el árt.75°, inc. 22º, especifica la obligatoriedad del estado de tomar todas las medidas necesarias para eliminar la discriminación de la mujer en la esfera de la atención médica, el acceso a los servicios de salud, a la planificación familiar y al derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos.
El desarrollo de estos aspectos tienen consecuencias positivas para la salud de las mujeres pues contribuyen a reducir significativamente los riesgos inherentes al proceso reproductivo; a evitar los embarazos de alto riesgo; a disminuir los embarazos no deseados y su lamentable consecuencia, el aborto provocado en condiciones riesgosas, que es la primera causa de mortalidad materna en la Argentina.
El concepto actual de Salud Reproductiva trasciende pues, el tradicional enfoque de salud materno-infantil. Rescata la función social de la reproducción humana, pasando desde una perspectiva individual hacia una concientización colectiva de compromiso y responsabilidad con el desarrollo humano y social. Es un proceso fuertemente asociado al desarrollo de la mujer y de su familia, como sujeto social con roles múltiples y fundamentales: reproducción biológica y social (cuidado y crianza de los hijos), trabajo doméstico (cuidado del hogar), trabajo productivo fuera del hogar, participación social y comunitaria. Incluye la promoción de los derechos humanos y de relaciones armoniosas, de equidad e igualdad entre hombres y mujeres. La magnitud de esta tarea no es una responsabilidad exclusiva del sector Salud, sino que incluye la intersectorialidad y la participación social con la intervención de organismos gubernamentales y no gubernamentales, organizaciones sociales, sectores políticos (autoridades municipales, poder legislativo), medios de comunicación, sector educativo.
El Ministerio de Salud de la Nación aprobó por Resolución Ministerial Nº 989 del 09/08/05 en el marco del programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica la Guía para el mejoramiento de la atención Pos- Aborto que procura acercar a los profesionales del Equipo de Salud algunos instrumentos que le permitan ofrecer a las mujeres una mejor calidad de atención desde una perspectiva integral, que va desde el episodio mismo hasta poner en práctica consejería y alternativas anticonceptivas, evitando el recurso a los abortos repetidos. Se señala en la citada guía que el abordaje de la atención de las complicaciones del aborto debe enmarcarse en el respeto de los derechos reproductivos, como parte fundamental de los derechos humanos de la mujer y como un deber de todo profesional de la salud.
En junio de 2007, los Ministros de Salud de los países del MERCOSUR y Estados Asociados (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia y Ecuador) reafirmaron el compromiso de tomar medidas para el cumplimiento de las metas de Desarrollo del Milenio especialmente la reducción de la mortalidad materna en 3/4 partes para el 2015. Para Argentina, esa meta significa que para 2015, la tasa de mortalidad materna se reduzca a 1,3 x10.000 n.v. Objetivo que parece muy lejano ya que partimos de una tasa de m.m de 4,8 x 10.000 n.v. en 2006 si el Estado no realiza enérgicas acciones para lograrlo.
A este respecto, es oportuno citar recientes declaraciones de la Subdirectora de la Organización Mundial de la Salud que al respecto evaluó que, sólo si el gobierno mantiene su compromiso político, le da al sistema de salud los recursos necesarios y garantiza la cantidad adecuada de profesionales para lidiar con las complicaciones obstétricas, podrán revertirse las disparidades existentes para alcanzar los Objetivos del Milenio.
Pero hay otro aspecto central que se debe abordar: la persistencia de la desigualdad en nuestra región y en nuestro país que explica las altas tasas de pobreza a pesar del crecimiento económico. Señala Bernardo Kliksberg “La extensión de la pobreza y las inequidades de acceso llevan a que en América Latina la mortalidad materna sea de 90 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, la de Canadá es de seis. Pero hay que tener cuidado con lo que Mirta Roses, directora de la OPS, llama acertadamente “la tiranía de los promedios”. La mortalidad materna en poblaciones indígenas llega a 400 o 500 por cada 100.000. En cuanto a la mortalidad infantil, la situación de pobreza hace que 30 de cada 1.000 niños no llegan a cumplir los cinco años de edad, contra tres en Suecia o Noruega. Del mismo modo, en América Latina hay 220 millones de personas que viven en tugurios... “Son accidentes de nacimiento” que marcan claramente el destino de una persona si las políticas públicas no intervienen para superar estos obstáculos.”
Para revertir estas realidades es necesario hacer un plan muy fuerte de cambio, de seguimiento, de compromisos, de impulso de acciones sostenidas en el tiempo. Habrá avances cuando cada día que pase tengamos menos muertes evitables de mujeres y de niños.
El seguimiento y monitoreo constituyen cuestiones imprescindibles para producir esos cambios y se debe realizar generando espacios abiertos y participativos, con las organizaciones de mujeres, de la sociedad civil, académicas, expertos, representantes del gobierno y tantos otros que se dedican a la temática, que conocen, que tienen experiencias, que pueden hacer diferentes aportes, que pueden estudiar mejor la información para encontrar las debilidades y proponer las necesarias acciones en las políticas públicas que reviertan la situación existente hoy.
Es imprescindible estudiar los nudos que pueden posibilitar andar un camino de cambios profundos: cómo mejorar la conciencia colectiva, qué acciones hay que fortalecer para disminuir los embarazos no deseados; cómo abordar la capacitación de los equipos de salud; qué resultados arroja la observación de los egresos hospitalarios; cómo hacer el seguimiento de la morbilidad severa; quién evalúa la atención pos-aborto; cómo implementar la guía de aborto no punible, cómo se avanza en el debate del aborto.
Del trabajo colectivo y de la evaluación permanente sin duda surgirán cambios positivos para la implementación de esta normativa y comprobaremos los cambios cuando más mujeres y hombres hayan hecho suyas estas leyes y les haya posibilitado mejorar la vida cotidiana, viviendo la sexualidad como parte de la vida y no como enfermedad.

Habremos logrado el efectivo cumplimiento de la normativa de derechos sexuales y reproductivos cuando las políticas públicas lleguen a cada rincón del país promoviendo la autodeterminación sexual y reproductiva, para garantizar derechos, buscar equidad y disminuir desigualdades y sufrimientos para muchos de los que menos tienen.
La plena vigencia de los derechos fundamentales es una utopía que orienta la acción y será siempre perfectible. El camino de su realización está íntimamente relacionado con el compromiso ético y político para reducir las desigualdades entre ricos y pobres, entre varones y mujeres.

Lic. Clori Yelicic
Legisladora Ciudad de Buenos Aires ( M.C. )
Buenos aires, Agosto de 2008

Desde el último boletín han ocurrido hechos importantes como la resolución del Consejo Federal de Educación que aprobara los lineamientos curriculares básicos para el desarrollo de los programas de educación sexual integral en todo el ciclo educativo en todas las provincias del país. Este demorado trámite es imprescindible para que las provincias elaboren los programas e inicien la educación sexual integral en todas las escuelas públicas y privadas. Es necesario que esto se realice sin demoras, por eso es clave que toda la ciudadanía controle su puesta en marcha. Todos los grupos y organizaciones integrantes del CoNDeRS estamos involucrados en este tema ya que es clave para garantizar plenamente los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas.
A pesar de estos instrumentos legales, las campañas de prevención y educación para la salud no establecen estrategias de largo plazo ni son suficientes, declaraciones de diversas organizaciones de la sociedad civil.

Ponencia presentada en el marco del I Foro Interamericano de Mujeres contra la Corrupción organizado por la Fundación Mujeres en Igualdad, que se llevó a cabo entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 2008 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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