25/11 DIA INT. ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
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Nuevo proyecto contra la violencia machista

La Diputada Nacional Marcela Rodríguez, presentó ayer un proyecto de Ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, acompañada por las Diputadas Elisa Carca y Fernanda Gil Lozano.

El proyecto aborda la problemática de la violencia de género desde una perspectiva integral, dando respuestas a los diferentes tipos y modalidades de violencia y a la discriminación por razón del género. De este modo, se intenta incorporar en el ordenamiento jurídico interno una herramienta legal para cumplir con las obligaciones asumidas por el Estado argentino al ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
El proyecto tiene en cuenta la media sanción aprobada por el Honorable Senado de la Nación, a la vez que pretende dotar de contenidos superadores a esa propuesta, que presenta numerosas deficiencias. La primera parte reconoce derechos y garantías en los que se destacan algunos específicos como el derecho a una vida libre de violencia y discriminación, tanto en el ámbito público como en el privado; a ser valoradas y educadas libres de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación de las mujeres; a la igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres; a la igualdad de acceso a las funciones públicas y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones; al trabajo y a las mismas oportunidades, trato y condiciones en el empleo que los varones; a gozar de medidas integrales de asistencia, protección y seguridad; garantía de imparcialidad: toda mujer víctima de violencia o imputada de un delito tiene derecho a recusar a aquellos/as jueces/zas sobre quienes pese un temor de parcialidad por prejuicios de género.
Los procedimientos deberán garantizar expresamente el apartamiento del caso de aquellos/as jueces/zas sobre quienes se exprese un temor de parcialidad fundado en dichos prejuicios de género; derecho a disponer la mayor libertad para probar los hechos denunciados, teniendo en cuenta quiénes son sus naturales testigos y las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia contra las mujeres, especialmente en el ámbito familiar y de las relaciones interpersonales; derecho a oponerse a la realización de peritajes sobre su cuerpo o, en caso de consentirlos, a ser acompañada por alguien de su confianza y a que sean realizados por personal profesional de su mismo sexo, especializado y formado con perspectiva de género; el derecho a que su historia personal y/o experiencia sexual previa no sea considerada por el juez/a en desmedro de sus derechos ni sea objeto de prueba, o introducida en el debate; a que, en ningún caso en el que la mujer víctima de violencia sea imputada de un delito, se rechace la prueba de descargo vinculada a su historia de violencia de género, ya sea a efectos de ser utilizada como atenuante de responsabilidad penal o exclusión de culpabilidad o punibilidad; el derecho a que su testimonio se tome en un ámbito adecuado sin la presencia del agresor, con intervención de un equipo interdisciplinario, pudiendo ser seguido desde el exterior por las partes y sus letrados/as y registrado por los medios técnicos adecuados, con el fin de evitar la reiteración de su declaración; y el derecho a que los actos de reconocimiento de lugares y/o cosas que requieran la presencia de la mujer víctima de violencia se realicen sin la presencia del agresor.

Para el cumplimiento de las obligaciones internacionalmente asumidas el presente proyecto incorpora un título sobre políticas públicas. En un primer capítulo de este título se establecen principios rectores que deben ser cumplidos por el Estado en todos sus niveles: nacional, provincial y municipal.

En un segundo capítulo se propone la creación de una Secretaría Nacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y la eliminación de toda forma de discriminación por razón de género en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional que aborde la problemática de modo integral.
Asimismo, se incorporan obligaciones a cargo de los Ministerios dependientes del Poder Ejecutivo Nacional a efectos de que desde su propia especificidad intervengan en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y la eliminación de toda forma de discriminación por razón de género.

A continuación se definen obligaciones a cargo del Defensor del Pueblo de la Nación, quien de acuerdo a la naturaleza de su existencia tiene funciones de control y de recomendaciones a los poderes públicos para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y la discriminación por razón de género.

Se propone la creación de un Observatorio de la Violencia contra las Mujeres, que tiene como objetivo el relevamiento de datos y la investigación sobre la problemática de la presente ley. Este capítulo fue extraído del proyecto de ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales, que obtuviera media sanción por el Honorable Senado de la Nación en noviembre de 2008.-

El proyecto contempla las siguientes situaciones específicas:
Violencia contra las mujeres y medios de comunicación.
Mujeres Privadas de Libertad, en el que se incorporan medidas específicas, obedece a la especial relación de sujeción respecto del Estado en el que se encuentran estas mujeres. El estado actual de las cárceles en nuestro país nos obliga a diseñar una política específica para mejorar las condiciones de detención de las reclusas y de este modo reducir la violencia que el Estado ejerce sobre este grupo de mujeres.
Trata de personas.
Prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral.
Prevención, sanción y erradicación de la violencia en el ámbito de la salud y los derechos reproductivos.
Prevención y sanción del acoso sexual en instituciones educativas y de salud.
Actos discriminatorios por razón de género.
Procedimiento judicial aplicable a la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar y las relaciones interpersonales.
El proyecto incorpora algunos cambios trascendentales en el Código Penal de la Nación tales como la incorporación de un eximente de responsabilidad penal en los casos en los que una mujer siendo víctima de agresiones reiteradas las rechazare, cualquiera sea el daño ocasionado al agresor; la incorporación de sujetos en el primer inciso que establece los agravantes al tipo penal de homicidio que se ubican en un lugar similar a los ya previstos en el Código al agravar el homicidio por el vínculo, en el entendimiento que se trata de situaciones análogas; la despenalización del aborto cuando es consentido por la mujer; la incorporación de penas para los casos de discriminación por razón de género; la ampliación de los alcances del artículo 119 relativo a las agresiones sexuales y la eliminación del avenimiento en caso de violencia sexual.

Link directo al proyecto
http://www.coalicioncivica.org.ar/contenido/view.php?bn=bloquediputados_proyectos&key=1229548811

Fuente: Artemisa Noticias/Despacho diputada Rodriguez | 18.12.2008

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