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Capacitan a fiscales para combatir la "esclavitud moderna"

BUENOS AIRES.- Más de 200 funcionarios del Ministerio Público bonaerense fueron capacitados durante dos jornadas en La Plata para detectar casos de "trata de personas" en el marco de investigaciones sobre otros delitos y priorizar así la extrema vulnerabilidad de las víctimas del comercio sexual.
Las jornadas fueron organizadas por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, a cargo de María del Carmen Falbo, con el fin de entrenar a fiscales y defensores para detectar e investigar el delito de trata a través de otros, como abuso sexual, pornografía infantil o falsificación de documentos.
"El cambio de enfoque es poner especial atención a la extrema vulnerabilidad de los sujetos expuestos a este delito, ya que tratamos con personas que no se conciben como víctimas", dijo Juan Mastrorilli, fiscal general del departamento judicial Junín, quien expuso el Protocolo 542/09 de actuación en Trata de Personas.
Mastrorilli recomendó que la toma de testimonios de las víctimas no se haga inmediatamente después del allanamiento, para contar con un lapso en el que la persona reducida a servidumbre logre tener confianza en que su situación va a ser resuelta, desde el alojamiento hasta la ropa.
Además, "durante la declaración testimonial debe evitarse la revictimización de la persona, como sucede si se le pregunta `por qué no se escapó`, a una persona que piensa que `se merece lo que le pasa por ser prostituta`".
El territorio bonaerense es muy diverso y las "casas de tolerancia" van desde tugurios pobres y en zonas rurales, en los que se encuentran cuadernos de `pases` cual libreta de almacén, hasta lujosas mansiones que registran cobros a través de medios electrónicos.
"También en los pequeños prostíbulos hay delitos conexos", observó Mastrorilli, quien recomendó hacer "tareas de inteligencia con fuerzas de seguridad preferentemente no locales", para evitar filtraciones y lograr pruebas.
Algunos de los delitos conexos a través de los cuales llegan los fiscales provinciales al escenario del allanamiento son el abuso sexual, la corrupción de menores, la pornografía infantil, la supresión de la identidad, la falsificación de documentos y la averiguación de paradero/fuga de hogar.
El fiscal general federal para la investigación de delitos sexuales y trata de personas, Marcelo Colombo, coincidió con Mastrorilli respecto a jerarquizar "las sutiles formas de vulneración de la voluntad" de la persona esclavizada.
En ocasiones, explicó, los defensores de los tratantes intentan probar que la víctima hubiera tenido posibilidad de enviar un pedido de auxilio (SOS) a través de un mensaje de texto, lo cual probaría su supuesto "consentimiento".
"Hemos tenido casos en que las `casas de tolerancia` han tenido una consigna policial en la puerta, y eso es coercitivo", argumentó.
Colombo planteó que contra la figura de supuesto "consentimiento" se enfatiza el abuso de la vulnerabilidad en la situación de trata, "estado en que la víctima `no tiene más opción verdadera y aceptable`, desde el propio hecho de encontrarse en un lugar lejano a su comunidad".
"Igualmente estamos en contra de preguntarle a la víctima si está por o contra su voluntad, porque traslada a la víctima la responsabilidad de los fiscales y jueces", dijo.
"El `consentimiento` es baladí (de poca importancia), porque el Estado se declara contrario a la esclavitud sin necesidad de que el esclavo se conciba como tal", planteó.
El ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, estimó que anualmente en el mundo "cuatro millones de mujeres se venden para trabajo esclavo, prostitución y matrimonio, dos millones de las cuales son introducidas al comercio sexual".
"Más del 90% de las víctimas de la trata de personas son mujeres y niñas explotadas sexualmente, por una deshumanización de la mujer por la cual es tratada como objeto y transformada" en una mercancía más, siendo el tercer tráfico ilegal más rentable después de las armas y las drogas, planteó el funcionario.
Colombo comentó que a la Ley 26.364 sobre Trata de Personas "se le asignó carácter federal porque Argentina tiene tráfico interno y externo, pero también por la eventual connivencia de las policías locales" con los dueños de los prostíbulos.
La legislación "federalizó un tramo de la acción delictiva -captar, transportar y recibir con finalidad de explotar a una persona-, y dejó en el ámbito local la consumación del delito -la explotación-", planteó Colombo.
"Las controversias entre competencias -federal o provincial- está empezando a ser un problema grave en el combate a este delito", consideró Colombo.
Los problemas de competencia "hacen a la dilación de los expedientes y pueden generar una especie de parálisis en la actuación pro activa contra el delito", acción que puede comenzar sencillamente "revisando los avisos clasificados" para iniciar una investigación, alertó el funcionario.
En este marco, Casal anunció que se creará la Comisión Provincial de Trata de Personas bonaerense, para actuar en sintonía con la Nación.
Fuente : La Capital- Rosario-11-04-2010 *

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