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La exposición de Marianne Mollman en el Congreso





Presentación ante la
Comisión de Legislación Panel, el 30 de noviembre de 2010


Señores y Señoras Diputados,



Mi nombre es Marianne Mollmann, y estoy acá en representación de la
organización internacional de derechos humanos, Human Rights Watch. Me permito
dirigirme a esta Asamblea por invitación del Presidente de la Comisión de Legislación
Penal de la Honorable
Cámara de Diputados de la República Argentina,
el señor Juan Carlos Vega.

Ante todo, quisiera expresar mi agradecimiento por la invitación a este evento.



Es un placer y un honor poder contribuir de este modo, aunque sea de manera
humilde, a un debate tan importante para las mujeres y niñas argentinas, y
también para la integridad del Estado democrático argentino.



Tengo experiencia y pericia tanto teórica-legal como empírica en la materia.
He investigado temas relacionados con los derechos humanos de las mujeres desde
hace más de una década. He realizado investigaciones de campo sobre el acceso
al aborto en Argentina, México, Perú, Nicaragua, e Irlanda, publicando
informes, artículos, y realizando análisis legales sobre el tema en estos y
también, en otros países.



He contribuido a debates parlamentarios en la temática en México, Estados
Unidos, Irlanda, Brasil, Perú, y ahora Argentina, y presentado amici curiae
sobre los derechos humanos y el acceso al aborto legal en Argentina, Colombia,
México, y Nicaragua.

Soy originaria de Dinamarca, poseo un Diploma de Ciencias Políticas desde la Universidad de Copenhague,
una Maestría en Administración de Empresas de la Ecole des
Affairs
de Paris en Francia, y una segunda Maestría en Derecho
Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Essex,
en Inglaterra.


En mi experiencia, y a partir de las investigaciones que he realizado sobre
este tema en Argentina, la penalización del aborto lleva a las mujeres a
medidas desesperadas, como por ejemplo el intentar abortar con agujas de tejer,
con sondas, con tallos de perejil, o hasta con revólveres.La penalización también permite que las “clínicas” de aborto clandestinas
funcionen con poco respeto en cuanto a la salud y a la vida de las mujeres.



Cuando una mujer llega a un hospital público sufriendo hemorragias, infecciones,
o lesiones causadas por un aborto inseguro que ponen en peligro su vida, a
veces, los funcionarios de salud pública la menosprecian o le deniegan el
tratamiento debido. Por miedo a ser procesadas legalmente, las mujeres evitan
el cuidado necesario post-aborto, lo cual puede acarrear consecuencias
perjudiciales para su salud.



La confusión y el temor a las consecuencias legales del aborto también
impiden a las mujeres acceder a lo que ya es su derecho: un aborto no punible
en los casos que establecen el Artículo 86 del Código Penal.



Muchos expertos con los que he hablado coinciden en que si bien el Código
Penal no exige una autorización judicial para un aborto, la autorización
judicial se ha convertido en un requisito de facto porque la mayoría de los
médicos no llevaría a cabo el procedimiento sin la autorización de un juez.
Esta situación ha resultado en retrasos en el acceso al aborto para, por
ejemplo, adolescentes violadas y mujeres con discapacidades mentales.

De hecho, mi experiencia de otros países -como por ejemplo México e Irlanda-,
me demuestra que una penalización generalizada del aborto conlleva un nivel de
estigma, miedo, y desinformación que imposibilita el acceso al aborto, hasta
incluso para las mujeres y niñas para quienes el procedimiento ya queda
despenalizado.


Hasta que se despenalice por completo el procedimiento, los lineamientos
mejor implementados sobre el acceso al aborto en determinadas situaciones
(violación, incesto, etc) no conducirán a un acceso equitativo y libre de
obstáculos.



A esta altura es propicio resaltar que el sufrimiento que causa la
penalización del aborto en este país se vive casi exclusivamente en los
sectores pobres. De hecho, existe una clara desigualdad entre la situación de
la mujer con recursos—que puede pagar por aborto ilegal en condiciones
relativamente seguras y por lo tanto, disminuye sus riesgos de muerte—y la
mujer sin recursos que no tiene esta opción que afronta importantes riesgos
para su salud e incluso su vida para lograr ese mismo objetivo. Pero también en
lo pequeño, el precio importa. He hablado con mujeres de sectores muy humildes
que me comentaron que el precio de un aborto clandestino en su barrio dependía
de si era con o sin antibióticos—una opción inconcebible si el aborto hubiera
sido legal.



De hecho, la falta grave en cuanto a la reglamentación y a la
responsabilidad médica en abortos que ya se están llevando a cabo en la Argentina,
irrespectivamente de su ilegalidad, es una consecuencia negativa adicional de
la clandestinidad..







El aborto ilegal no solamente tiene consecuencias graves para la salud o
vida de mujer que se somete a un aborto. También – y como agregado- tiene
efectos negativos para la sociedad. Según el Ministerio de Salud de la Nación, en 2008 más del 20
por ciento de las muertes por emergencias obstétricas registradas fueron
provocadas por abortos inseguros. Y según las nuevas cifras sobre la mortalidad
materna publicadas ayer en los diarios, en el 2009 la proporción de muertes
maternas atribuibles al aborto es del 28 por ciento.



Además de ser un tema que inspira compasión y empatía, la despenalización
del aborto es un tema de derechos humanos. A lo largo de la última década se
han observado cambios importantes en el consenso internacional sobre el vínculo
entre el acceso al aborto y el ejercicio efectivo de los derechos humanos de
las mujeres.



Estos cambios se evidencian claramente en el trabajo de los órganos de
supervisión de la ONU,
y en los documentos de consenso de varias conferencias mundiales relativas a
los derechos de las mujeres, a la salud y a los derechos reproductivos.



A esta altura, interpretaciones autorizadas del derecho internacional
reconocen que el acceso al aborto legal y seguro resulta esencial para un
disfrute y ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres. Los
órganos de supervisión de los tratados internacionales de las Naciones Unidas,
a través de interpretaciones mesuradas del derecho internacional, han expresado
sus opiniones sobre el acceso al aborto y las restricciones al mismo de manera
sistemática y exhaustiva. Estos órganos sostienen que ciertos derechos humanos
firmemente establecidos se ven comprometidos por leyes y prácticas en materia
de aborto que poseen carácter punitivo y restrictivo.



En marzo de este año, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación
por la legislación restrictiva del aborto en Argentina y emitió la siguiente recomendación,
que procedo a citar:



“El Estado parte [es decir Argentina] debe modificar su legislación de
forma que la misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no
deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían
poner en peligro sus vidas.”



Esta recomendación fue emitida en relación con el derecho a la vida y al
goce igualitario de todos los derechos humanos contenidos en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.



En junio, el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación por el
elevado porcentaje de mortalidad materna causada por un aborto, especialmente
en los adolescentes, y por los prolongados procedimientos para la interrupción
legal de un embarazo. En esta conexión el Comité recomendó varios pasos para la Argentina, citando:



1) Que “Adopte medidas urgentes para reducir la mortalidad materna
relacionada con el aborto, en particular velando por que la profesión médica
conozca y practique el aborto no punible, especialmente en el caso de las niñas
y mujeres víctimas de violación, sin intervención de los tribunales y a
petición de ellas;” y que



2) “Enmiende el artículo 86 del Código Penal en el ámbito nacional para
prevenir las disparidades en la legislación provincial vigente y en la nueva en
lo que respecta al aborto legal”

En agosto, el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó preocupaciones
similares, e instó a la
Argentina, y cito nuevamente: “a que revise la legislación
vigente que penaliza el aborto, que tiene graves consecuencias para la salud y
la vida de las mujeres.” Este comité además observó que Argentina “debe
asegurarse de que… exista un acceso efectivo y en condiciones de igualdad
a los servicios de salud para interrumpir el embarazo.”


Estos mismos comités han emitidos docenas de recomendaciones de la misma
índole a países con leyes similares a las de Argentina, sosteniendo que la
penalización del aborto es incompatible con los derechos humanos. Está claro
que el acceso al aborto legal y seguro puede salvar la vida y facilitar la
igualdad de las mujeres. También queda determinado que las decisiones de las
mujeres en materia de aborto se encuentran relacionadas con los derechos
humanos de las mujeres inherentes a su condición de persona, a su dignidad y
privacidad. Los obstáculos existentes para este tipo de decisiones en Argentina
interfieren con la capacidad de las mujeres de ejercer sus derechos humanos,
dando lugar a prácticas clandestinas e inseguras que durante décadas ha
constituido una de las principales causas de mortalidad materna en la Argentina.



El argumento en contra de la despenalización del aborto en general va
emparejado con argumentos en contra de la anticoncepción moderna. Ambas
nociones atentan contra los derechos de las mujeres y—en el último
análisis—contra su salud o su vida. Independientemente de la coyuntura judicial
y política, estos argumentos ameritan un severo análisis crítico, puesto que
tienen efectos de vida o muerte para muchas mujeres argentinas.





La
Campaña afuera del Congreso



Las cifras oficiales indican que 40 por ciento de los embarazos en Argentina
terminan en abortos. Por lógica, esto quiere decir que cada uno de Ustedes en
esta sala conoce a por lo menos una mujer que ha tenido por lo menos un aborto.



Estoy segura de que esas mujeres y niñas—vuestras hermanas, hijas, esposas,
madres, amigas—no se tomaron a la ligera la decisión de interrumpir su
embarazo. Y estoy segura de que hubieran preferido no necesitar un aborto.
Ninguna mujer se embaraza para poder abortar.



Hace ya más de veinte años que Argentina se unió a la comunidad
internacional de estados democráticos después de una dictadura militar
dolorosa, ratificando en ese momento varios de los tratados internacionales de
derechos humanos más importantes.



Hace más de diez años desde que se le dio estatus constitucional a estos
tratados.



Es hora de tener un debate sobre la despenalización del aborto, y de tenerlo
de manera seria, sobria, y democrática.

Yo sé por experiencia propia que no va a ser fácil. Lo sé porque desde que se
dio a conocer que iba a presentar mi testimonio ante esta audiencia he recibido
amenazas y hostigamiento por vía electrónica. Pero también sé que a pesar de
algunos elementos anti-democráticos, la sociedad argentina está dispuesta y
preparada para tener este debate.



Espero humildemente que mi testimonio contribuya a ese fin.

Fuente: Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal,+



 




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